Su práctica se centra en litigación compleja y derecho penal, planificación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de justicia y modernización del Estado.
Fue Defensor Nacional de Chile entre diciembre de 2014 y diciembre
de 2020. Anterior a ello fue Coordinador General del Bloque de
Defensores Públicos del Mercosur, entre los años 2015 y 2017, y
Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas entre los años 2016 y 2018.
Durante los años 2010 y 2014 participó como Coordinador General en
diversos procesos de transformación de la justicia en Latinoamérica,
asistiendo técnicamente procesos de diseño, planificación
estratégica, implementación, desarrollo tecnológico y evaluación de
reformas en la materia. Periodo en que también fue designado como
Profesional Experto del Consejo de Alta Dirección Pública de Chile.